La presente contribución se enmarca dentro del Proyecto de Investigación titulado “La necesidad de una tipología de géneros jurídicos argentinos: aportes del derecho comparado en la formación de traductores jurídicos” (H996, LIT, IdHICS, FaHCE, UNLP), dirigido por la Dra. Gentile y continúa el trabajo realizado por Grupo ITEJA. En investigaciones anteriores, exploramos distintas maneras de conceptualizar la noción de género discursivo desde la Lingüística (Bazerman, 2013; Bhatia, 1993, 2004, 2017; Hyland, 2009; Swales, 1990, 2009; entre otros) y desde los Estudios de Traducción (Balogh, 2019; Borja Albi, 2000, 2007, 2013; Garcia Izquierdo, 2002, 2005, 2011; entre otros). A partir de este recorrido, delineamos una definición de la noción de género y propusimos diferentes niveles de análisis con vistas a indagar sobre las particularidades genéricas de los documentos pertenecientes a nuestro ordenamiento jurídico. El objetivo de este trabajo es trasladar los niveles propuestos al aula de traducción jurídica, más específicamente, a las materias Traducción Jurídica y Económica 1 y 2, FaHCE, UNLP, para analizar los géneros discursivos del ordenamiento jurídico argentino como tarea pretraslatoria. Para ello, tomaremos dos géneros diferentes: contratos y sentencias de divorcio. Entendemos que este tipo de trabajo en la clase traducción redunda en un beneficio para nuestros estudiantes. Por un lado, les permite resignificar el conocimiento adquirido en Derecho 1 y 2 (Aplicado a la Traducción), en tanto ven la realidad jurídica de un ordenamiento reflejada en un documento que eventualmente traducirán. Por otro lado, este abordaje nos ofrece un camino para indagar sobre las convenciones de los géneros del ordenamiento jurídico argentino y, así, observar los matices que diversos ejemplares poseen. En última instancia, apuntamos a ofrecerle a nuestro estudiantado un modo de abordar la traducción que siente las bases para una toma de decisiones informada y consciente, que fomente su autonomía y que, como consecuencia, contribuya al desarrollo de la competencia traductora en traducción jurídica (Prieto Ramos, 2024).